El diputado José Roberto García Castillo propuso reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que todos los municipios de San Luis Potosí cuenten con una Coordinación Municipal de Derechos Humanos, con titular identificable, atribuciones claras y operación acorde con sus capacidades presupuestarias, poblacionales y territoriales.
Estas coordinaciones brindarían asesoría, orientación y acompañamiento a la población, canalizarían posibles violaciones a derechos humanos y promoverían acciones de capacitación y sensibilización para servidores públicos, especialmente en áreas de seguridad, justicia cívica, inspección, protección civil y atención ciudadana.
También impulsarían la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas y afromexicanos, migrantes, diversidad sexual y otros grupos prioritarios, además de fomentar la participación ciudadana y la coordinación con instituciones y organizaciones sociales.
Actualmente, la legislación contempla esta instancia únicamente en municipios con más de 40 mil habitantes. La iniciativa busca eliminar este criterio demográfico y garantizar una atención en derechos humanos en todos los municipios.
La propuesta fue turnada a las comisiones de Régimen Interno y Asuntos Electorales; y Derechos Humanos.
